La Apelación Penal
En el proceso penal, el recurso de apelación no es sólo una herramienta técnica, sino una manifestación del carácter dinámico, dialógico y perfectible del derecho penal. A través de él, se abre un espacio para la revisión crítica de ciertas resoluciones judiciales relevantes, aquellas que ponen término al procedimiento o impiden su continuación, u otras expresamente contempladas por la ley. La apelación, en este contexto, no es una simple instancia superior: es un ejercicio de control, reflexión y corrección dentro del mismo sistema.
Desde una mirada hermenéutica, cada resolución judicial es una interpretación del conflicto penal. El juez, en su rol de intérprete, articula sentido a partir de hechos, normas, valores y discursos. Sin embargo, toda interpretación es susceptible de error o limitación. La apelación permite entonces poner en cuestión esa primera lectura judicial, sometiéndola a una nueva instancia de interpretación. Es, en esencia, un diálogo entre voces jurídicas distintas sobre la misma situación de hecho y derecho.
No hay autoridad sin posibilidad de revisión En la filosofía del derecho, se enseña que la legitimidad del poder judicial no reside en su infalibilidad, sino en su apertura a ser corregido. La existencia del recurso de apelación expresa, por tanto, un principio de humildad institucional: el reconocimiento de que la justicia no es un acto cerrado, sino un proceso continuo, que se perfecciona en la medida que se somete al examen razonado de otros.
Al apelar, no se niega el valor del primer pronunciamiento judicial. Lo que se hace es interrogar su razonabilidad, su proporcionalidad y su coherencia, especialmente cuando dicha resolución afecta de manera significativa los derechos fundamentales de una persona. ** La apelación como práctica ética del derecho** Desde la ética judicial, la apelación es una garantía que permite evitar la cristalización de errores que, de no ser revisados, pueden transformarse en injusticias legitimadas. En palabras de Luigi Ferrajoli, un sistema garantista es aquel que limita el poder punitivo del Estado mediante normas y controles. La apelación es uno de esos controles, que dificulta el abuso, obliga a fundamentar, y devuelve esperanza a quien es afectado por una decisión que considera injusta.
Implicancias criminológicas: más allá de la norma La criminología crítica ha demostrado que el proceso penal está fuertemente influido por factores estructurales, económicos y culturales. Los sesgos de clase, etnia o género no son ajenos a la práctica judicial. Por ello, la apelación no solo cumple una función jurídica: también cumple un rol político y simbólico, al abrir una segunda instancia donde pueden visibilizarse desigualdades, violencias institucionales o decisiones apresuradas.
Además, permite corregir lo que Zaffaroni denominaba “el derecho penal del enemigo”: aquel que, por prejuicio o presión social, tiende a fallar en perjuicio del acusado, especialmente si este proviene de sectores vulnerables. En ese sentido, apelar no es solo litigar: es resistir.
La justicia se construye en el diálogo El recurso de apelación no es un acto de rebeldía frente al juez, sino una expresión legítima del derecho a la revisión y al diálogo. La justicia penal no puede darse por concluida en un solo acto, ni puede confiarse ciegamente a una única interpretación. Solo mediante la posibilidad de revisar lo resuelto ; cuando la ley lo permite, podemos garantizar que el proceso penal cumpla con su fin más esencial: resolver conflictos con justicia, racionalidad y humanidad.